Por Juan Enrique González, socio de Valor Raíz
El proyecto de Ley de Parcelaciones, recién ingresado al Congreso, ha causado una profunda
inquietud en el sector agrícola, anticipando un cambio drástico en la forma en que entendemos y
gestionamos la propiedad rural en Chile. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, no aparece en
el vacío. Se suma a las recientes medidas de reavalúo de terrenos agrícolas dictadas por el Servicio
de Impuestos Internos (SII), lo que configura una tormenta perfecta para la estabilidad económica
de un sector que ya enfrenta múltiples desafíos.
La nueva normativa propuesta establece que un 70% de cada predio parcelado deberá destinarse
exclusivamente a fines agrícolas o a la conservación ambiental, dejando solo el 30% para posibles
usos habitacionales. Si bien la medida parece estar diseñada con la intención de preservar el uso
productivo y ambiental de los suelos, el impacto sobre los agricultores, especialmente los
pequeños y medianos, es motivo de seria preocupación.
El sector agrícola, que ya se encuentra en constante lucha por mantenerse competitivo en un
entorno económico volátil, ahora se enfrenta a una nueva restricción que limita su capacidad de
adaptación a las demandas del mercado. Las reglas impuestas sobre el uso del suelo condicionan
la viabilidad de muchas actividades rurales y podrían, de manera involuntaria, minar el potencial
productivo y financiero de miles de agricultores.
Impacto en el valor del suelo agrícola
Es importante recordar que el valor de la tierra agrícola no se limita a su rendimiento actual. Al
igual que cualquier activo, la tierra tiene un valor intrínseco, pero también un valor potencial. Las
tasaciones agrícolas consideran una amplia gama de factores, como la calidad del suelo, el acceso
a fuentes hídricas, la tecnología implementada y las infraestructuras disponibles. Al imponer
restricciones rígidas al uso de la tierra, el riesgo de devaluación de los activos rurales se
incrementa, afectando directamente el patrimonio de los propietarios.
El reciente reavalúo de terrenos agrícolas ya ha encendido las alarmas en el sector, con muchos
agricultores anticipando un aumento en sus contribuciones fiscales que podría hacer insostenible
la gestión de sus predios. Las nuevas contribuciones resultantes de dicho reavalúo han comenzado
a asfixiar a pequeños productores, que ven cómo sus gastos aumentan en un contexto donde los
márgenes de rentabilidad ya son limitados.
A esto se suma la Ley de Parcelaciones, que introduce una capa adicional de incertidumbre.
Limitar el uso de la tierra, en un país donde la agricultura es una columna vertebral de la
economía, no solo afecta a los propietarios actuales, sino que también influye en las decisiones de
inversión a futuro. Con restricciones de esta naturaleza, el mercado inmobiliario rural se verá
afectado, limitando las oportunidades de nuevos desarrollos o innovaciones que permitan a los
agricultores mantenerse competitivos y sostenibles.
Fragmentación y uso ineficiente de la tierra
Uno de los mayores riesgos que plantea esta propuesta legislativa es la posibilidad de que
fomente una fragmentación artificial del paisaje rural. En lugar de generar un uso más eficiente de
los recursos, la imposición de estas normas podría forzar a los propietarios a buscar alternativas
que no necesariamente sean sostenibles a largo plazo, como la venta o subdivisión de sus predios
en condiciones que podrían no ser las más óptimas desde el punto de vista productivo o
ambiental.
Al establecer un límite tan estricto en la destinación del suelo, se podría generar un uso menos
eficiente de la tierra. Esto es especialmente preocupante en un momento en el que la agricultura
enfrenta desafíos importantes, como el cambio climático y la escasez de agua, y necesita de mayor
flexibilidad para implementar prácticas innovadoras y resilientes.
La necesidad de un enfoque más integral
La agricultura en Chile no es solo una actividad económica, sino una parte esencial de la identidad
nacional y la base de la seguridad alimentaria del país. Las políticas que buscan regular este sector
deben ser diseñadas con un enfoque que promueva el desarrollo sostenible, pero que también
permita a los agricultores adaptarse a las realidades cambiantes del mercado y la economía global.
Por lo tanto, resulta imperativo que cualquier ley que afecte el uso de los suelos rurales esté
acompañada de una metodología más flexible y adaptativa, que entienda la diversidad del campo
chileno y que permita un equilibrio entre la preservación del patrimonio rural y el fomento de su
rentabilidad y competitividad. Proyectos de ley como el de Parcelaciones, si bien tienen una
intención loable de protección, deben ser revisados para evitar que terminen perjudicando al
mismo sector que pretenden ayudar.